La constitución en su artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En México los pesos y contrapesos entre estos tres poderes siguen establecidos solamente en la teoría, ya que en la realidad se ve una clara preponderancia del ejecutivo sobre los otros dos. Para ilustrar lo anterior, podemos echar una mirada a diversas circunstancias, sin embargo, este artículo se enfocará fundamentalmente en el tema presupuestal.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) reglamenta la metodología de elaboración del presupuesto, así como todo lo concerniente a éste. El artículo 42 de dicha ley se establece el procedimiento que guía la hechura del documento presupuestal, lo que nos lleva a tomar en cuenta el esquema del ciclo presupuestario que se realiza a lo largo del año, dicho ciclo consta de 7 etapas; planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Desde la planeación, el rol del Ejecutivo a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es preponderante. De acuerdo a la Ley de Planeación, en el primer trimestre al inicio de cada sexenio, se debe conformar un Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual será coordinado por la SHCP, esto con el fin de elaborar un documento que contenga las prioridades, objetivos y metas a cumplir en el sexenio del presidente que electo. Entonces resulta imprescindible el papel de la SCHP porque dicho documento no sólo contiene per se textualmente lo que se piensa hacer, sino que además indica la asignación presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, que permitan cumplir con lo establecido.
En la programación participan los ejecutores del gasto, en donde se busca establecer las cantidades monetarias suficientes para poder desempeñar sus funciones. El proyecto de presupuesto de egresos de la federación entonces es elaborado por el ejecutivo, quien deberá enviar dicho documento a la cámara de Diputados. Es ahí donde dicha cámara hace una “revisión y modificación”. A través del cabildeo se llega a acuerdos para así pasar a su eventual aprobación y publicación. Al momento de ejercer el presupuesto, el deber ser de los ejecutores del gasto con base en el artículo 134 constitucional, es que sean responsables de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos económicos de que disponga la Federación para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, lo cual no siempre se alcanza.
En la parte final del ciclo presupuestario, es la Auditoria Superior de la Federación (ASF) la encargada de fiscalizar los recursos públicos, las acciones derivadas del proceso de fiscalización pueden ser de carácter preventivo o correctivo según sea el caso, sin embargo, hay un escaso registro de casos donde se haya sancionado por el mal empleo de los recursos públicos y las recomendaciones casi nunca son atendidas. Por otro lado, ligado a esta fase de control y evaluación se encuentra otro órgano importante, me refiero a la Secretaria de la Función Pública (SFP) la cual de igual manera es cuestionable en sus funciones por ser juez y parte, ya que sus acciones pueden verse influidas por acuerdos políticos o de interés y simplemente hacerse de la vista gorda.
El panorama presupuestal para el año en curso no es nada favorable, de entrada porque para el presupuesto de este año se estimó un precio de 79 dólares para el barril de la mezcla mexicana y el precio promedio de lo que va del año es de 45.94 dólares por barril. Aunado a esto, en enero se realizó un ajuste al presupuesto como una medida preventiva. Lo anterior puede resultar significativo o no, tomando en cuenta y según el portal de transparencia presupuestaria, que el porcentaje de ingresos estimados provenientes de organismos y empresas del Estado es de apenas 18.6 %. Sin duda no está todo perdido pues el gobierno contrató coberturas petroleras las cuales evitarán que la caída del precio del petróleo afecte los ingresos y por ende el gasto que se tenía contemplado.
Por el contrario los ingresos estimados más representativos provienen del cobro de impuestos y derechos, los cuales constituyen un 61.9 % del monto total. De acuerdo al considerable porcentaje que tienen el cobro de impuestos y con la implementación de la reforma hacendaria se puede fortalecer la recaudación, tener los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones gubernamentales y así salvar las finanzas públicas. Respecto al tema que se tocó en un inicio, recientemente se ha buscado la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque hasta el momento no se han dado grandes avances sobre este en el Congreso, es importante señalar el correcto diseño e implementación coadyuvarán a crear un escenario de confianza hacia la población, así como mecanismos de control así como de pesos y contrapesos que generen acuerdos responsables sobre la planeación, manejo y ejercicio de los recursos gubernamentales. Por último es importante señalar que para 2016 se tiene contemplada la implementación del presupuesto base cero, sin duda no es un paso sencillo pero sí importante en el control del gasto, en tanto que se deberá analizar y evaluar el gasto de cada dependencia, discriminar aquellos programas obsoletos que implican gastos innecesarios y priorizar e invertir en las necesidades básicas.
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