El día de ayer, 22 de enero de 2020,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “DECRETO por el que se reforman la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y, el Artículo
Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de
Extinción de Dominio, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración
y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles
y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado el 9 de
agosto de 2019.”
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Con dicho Decreto, se hace oficial el nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), mismo que, aunque ya se venía usando desde la mañanera del 21 de mayo de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no era oficial.
ANTECEDENTES:
El 19 de diciembre de 2002, con el
Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y
Enajenación de Bienes del Sector, se creó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), como un
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad
jurídica y patrimonio propios, agrupado en el sector coordinado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargado de dar destino a los
Bienes y a las Empresas improductivas para el Estado, con Compromiso,
Eficiencia, Transparencia y Responsabilidad Social, buscando contribuir al
fortalecimiento del Estado de Derecho, las Finanzas Públicas y el Sistema
Financiero Mexicano.
El primer intento por cambiar de
nombre del SAE por el de INDEP, no fue exitoso para MORENA,
siendo que la mayoría en el Congreso, aprobó el cambio de nombre, pero al de Instituto de Administración y de Bienes y
Activos (IABA), modificación que se oficializó el 9 de agosto de 2019 en el
DOF. El cambio importante en esta modificación jurídica, gira en torno a la
creación de un Gabinete Social de la Presidencia de la República, integrado por
las secretarías de Gobernación, Hacienda, Bienestar, Educación y Salud; así
como por el INDEP, Instituto Mexicano
del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Este órgano desde
entonces tiene a su cargo, entre otras, las atribuciones de proponer, definir y
supervisar las pautas, criterios, planes, programas, proyectos y acciones
institucionales e interinstitucionales, mediante los cuales se determine la
pertinencia de la asignación o transferencia de un bien extinto, relacionado o
vinculado con los hechos ilícitos a los que se refiere el párrafo cuarto del
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como de los bienes asegurados, abandonados o decomisados en los procedimientos
penales federales para un fin de interés público.
Seis meses después de ese primer
intento por formalizar el cambio de nombre a INDEP, éste se materializó con el
decreto de fecha 22 de enero de 2020, el “Nuevo Instituto”, además de realizar las
tareas que venían haciendo sus antecesores Institucionales, tendrá las
facultades referidas en el párrafo inmediato anterior, propondrá y definirá el
uso de los recursos y bienes a través de criterios de utilidad, seguridad y
justicia social. Este nuevo Instituto, nace con la misión de comercializar
bienes muebles e inmuebles para destinar los recursos de su venta en beneficio
de la sociedad (SUBASTAS CON SENTIDO SOCIAL), a través de obras, becas y bienes
específicos, especialmente para comunidades de muy alta y alta marginación. Sin
lugar a dudas, es y será de las Instituciones que marcarán la política nacional
de este sexenio.
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