06 abril, 2015

Las nuevas reglas del juego para las elecciones 2015

Las campañas electorales ya iniciaron formalmente, hasta el 4 de junio los ahora 10 partidos políticos nacionales, los partidos locales y los pocos candidatos independientes que obtuvieron su registro, deberán difundir sus propuestas y realizar aquellas actividades que les permitan promover el voto a su favor. En este tiempo y en los tres días de veda, los ciudadanos por su parte deben analizar las propuestas y elegir de manera informada a los candidatos que los representarán y externarlo en las urnas el próximo 7 de junio. Están por elegirse 2,170 cargos, entre los que comprenden 9 gubernaturas, diputaciones federales y locales, alcaldías y 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal.

Es importante tomar en cuenta varios aspectos en la próxima contienda, fundamentalmente aquellos que son producto de la reciente reforma electoral. Es en estos comicios que se estrena la nueva autoridad electoral administrativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) así como los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s). La tarea por realizar no es sencilla y los retos a vencer son múltiples. En principio se tiene que romper con el esquema de baja participación ciudadana en elecciones intermedias, ya que la estadística de participación se ha mantenido por debajo del 50% del electorado. Para ésta cuestión, el INE ha emprendido una ardua tarea de cultura cívica y democrática además de diversas campañas de que promueven la participación ciudadana, lo cual busca inyectar certidumbre y confianza hacia la sociedad civil con miras a impulsar el voto como objetivo primordial a corto plazo.

Otra de las facultades con las que se doto al INE buscando una competencia más equitativa y como medida correctiva a experiencias pasadas, es la potestad de autoridad única encargada administrar los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión. Lo anterior restringe además la posibilidad de que los partidos políticos y los candidatos puedan contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Lo cual permite también tener un control de los spots que difunden los contendientes y así como se ha podido percibir, bajar aquellos cuyo contenido esté fuera del marco legal.

Mucho se ha dicho además sobre que en junio próximo tendremos las elecciones más fiscalizadas de la historia, y sin duda es una aseveración correcta. La fiscalización en tiempo real que realiza ya el Instituto, permitirá la detección oportuna de faltas legales y en el peor de los casos si es necesario, anular la elección. Lo anterior bajo un marco normativo establecido en el 41 constitucional, comprendiendo tres causales de nulidad: si excede el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; si se compra o adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; si se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.

Los aspirantes a ocupar los cargos públicos, deberán entonces apegarse a lo que la ley establece para que eviten ser sancionados por las autoridades electorales. Lo anterior nos lleva al caso polémico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual, contrariamente a apegarse a lo que dicta la ley, ha consumado actividades ilícitas lo que le ha traído como consecuencia una acumulación de 10 sanciones así como 185 millones de pesos en multas. Estos hechos detonaron en la búsqueda por que se le quite el registro al PVEM, propuesta que inició el Partido Humanista y que hoy se respalda a través de la plataforma change.org, fundando la petición en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos. La decisión queda establecida a juicio del Consejo General del Instituto, el cual determinara si dicho partido ha incumplido de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral. Hacer caso a esta petición puede significar un acto de legitimidad del propio INE, mostrando su autoridad ante quienes no cumplan la ley, generando así certidumbre de apego legal así como una manera de garantizar y fortalecer la competencia en el sistema de partidos.

Acorde con la reforma citada, resulta importante señalar que los diputados federales que resulten electos, serán los últimos sin la posibilidad de reelección, ya que como lo establece el transitorio constitucional décimo primero, será hasta el proceso electoral de 2018 que los Senadores que conquisten una curul podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos.

La figura de reelección se atribuye también en el ámbito local, permitiendo la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. Con respecto al poder legislativo local, los diputados a las legislaturas de los Estados, se les habilita la elección hasta por cuatro periodos consecutivos. Es necesario señalar que de acuerdo con lo establecido en los transitorios décimo tercero y décimo cuarto del decreto citado, no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el cargo respectivo a la entrada en vigor decreto, lo cual abre la posibilidad conforme a las constituciones estatales que quienes obtengan el triunfo en esta contienda, ya les sea aplicable la reforma y así entonces puedan reelegirse.

La limitación común existente en la figura de reelección en los distintos cargos donde se es permitida, consiste en que la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, entonces esta posibilidad sólo se subscribe a los integrantes de los partidos políticos y no a los candidatos independientes (otro impedimento más a éstos últimos). Sin embargo pese a las desventajas que se puedan presentar, los impactos positivos que se esperan van en beneficio de la sociedad civil y de un trabajo legislativo de calidad así como gobiernos locales más cercanos a su población. Los funcionarios que busquen continuar en el cargo para el siguiente periodo, se verán obligados a acercarse a sus representados, atender a las demandas comunes y generar vínculos de rendición de cuentas. Por su parte los ciudadanos podrán premiar o castigar el trabajo de sus representados, otorgando o no su voto de acuerdo a su criterio.

En la parte institucional, se ha logrado una reingeniería relevante. Hoy contamos con tres autoridades electorales: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y el INE. Las cuales conforman un sistema electoral sofisticado, que es necesario en nuestra democracia aún con miras a consolidarse. A consideración propia, es necesario que en el consejo general del INE se reproduzca el procedimiento de designación de los consejeros electorales, tal como se establece en la designación de consejeros en los OPLE's. [1] Lo anterior generará mayor certidumbre e imparcialidad en las decisiones, logrando así que ningún miembro le deba su puesto a algún partido político.

Si bien aún falta mucho camino por recorrer para la consolidación democrática en México, se han logrado significativos avances gracias a las diversas reformas político-electorales, lo que permite ir cubriendo diversos vacíos y puliendo aspectos que frenan la vida democrática de calidad en el país. Así mismo aunado a los cambios institucionales, después de que en 1933 se prohibiera la reelección, hoy que se vuelve a insertar, no debemos permitir que esa potestad se corrompa y termine por ser un circulo vicioso de poder. Por el contario, considero necesario promover mecanismos de rendición de cuentas mensuales o por lo menos trimestrales (no anuales como es común), que generen vínculos reales con los ciudadanos, que se sientan representados y sean participes de la formación de la agenda pública. En una sociedad muchas veces apática hacia quienes los representan, es necesario que estos cambios se promuevan desde las instituciones.

Retomo una declaración que hizo Lorenzo Córdova actual consejero presidente del INE, en una entrevista para CNN México. "La participación ciudadana no debe acabarse en las urnas pero sí comienza en las urnas. Un ciudadano pleno es aquel que va, vota y al día siguiente se convierte en el principal auditor, en alguien que crea un contexto de exigencia, que le exige a quien ha resultado electo el cumplimiento no solo de las promesas de campaña, sino sobre todo la realización, la toma de decisiones públicas que nos resuelvan estos que sí son los graves problemas estructurales de la sociedad mexicana"[2],

Votar es un derecho, pero también una obligación. No podemos deslindarnos de nuestro papel de ciudadanos y permanecer ajenos a la vida política del país. Si queremos un México mejor, debemos dejar de simplemente quejarnos y participar, votar de manera informada, involucrarnos en las decisiones, hacer llegar nuestras demandas y empezar a construir una ciudadanía de calidad.

¡Seamos participes de la democracia!




Fuentes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

[1] Los lineamientos para designar a los consejeros electorales en los OPLE's, puede revisarse en el siguiente enlace: http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2Fdocs%2FIFE-v2%2FDS%2FDS-CG%2FDS-SesionesCG%2FCG-acuerdos%2F2014%2FJunio%2FCGex201406-06%2FCGex201406-6_ap_6_a1.pdf&ei=KvMiVcT8CoakyQT9xYKoBg&usg=AFQjCNFhsvxoGwuGm6xBbrxUlELICSQVww&sig2=CncTfT18jbRhcDjG0WvMQA&bvm=bv.89947451,d.aWw

[2] La molestia social es un reto inédito para estas elecciones: Córdova, CNN México,http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/02/16/la-molestia-social-es-un-reto-inedito-para-estas-elecciones-cordova

01 abril, 2015

Panorama presupuestal para México

La constitución en su artículo 49 establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En México los pesos y contrapesos entre estos tres poderes siguen establecidos solamente en la teoría, ya que en la realidad se ve una clara preponderancia del ejecutivo sobre los otros dos. Para ilustrar lo anterior, podemos echar una mirada a diversas circunstancias, sin embargo, este artículo se enfocará fundamentalmente en el tema presupuestal.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) reglamenta la metodología de elaboración del presupuesto, así como todo lo concerniente a éste. El artículo 42 de dicha ley se establece el procedimiento que guía la hechura del documento presupuestal, lo que nos lleva a tomar en cuenta el esquema del ciclo presupuestario que se realiza a lo largo del año, dicho ciclo consta de 7 etapas; planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 

Desde la planeación, el rol del Ejecutivo a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es preponderante. De acuerdo a la Ley de Planeación, en el primer trimestre al inicio de cada sexenio, se debe conformar un Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual será coordinado por la SHCP, esto con el fin de elaborar un documento que contenga las prioridades, objetivos y metas a cumplir en el sexenio del presidente que electo. Entonces resulta imprescindible el papel de la SCHP porque dicho documento no sólo contiene per se textualmente lo que se piensa hacer, sino que además indica la asignación presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, que permitan cumplir con lo establecido. 

En la programación participan los ejecutores del gasto, en donde se busca establecer las cantidades monetarias suficientes para poder desempeñar sus funciones. El proyecto de presupuesto de egresos de la federación entonces es elaborado por el ejecutivo, quien deberá enviar dicho documento a la cámara de Diputados. Es ahí donde dicha cámara hace una “revisión y modificación”. A través del cabildeo se llega a acuerdos para así pasar a su eventual aprobación y publicación. Al momento de ejercer el presupuesto, el deber ser de los ejecutores del gasto con base en el artículo 134 constitucional, es que sean responsables de administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos económicos de que disponga la Federación para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, lo cual no siempre se alcanza. 

En la parte final del ciclo presupuestario, es la Auditoria Superior de la Federación (ASF) la encargada de fiscalizar los recursos públicos, las acciones derivadas del proceso de fiscalización pueden ser de carácter preventivo o correctivo según sea el caso, sin embargo, hay un escaso registro de casos donde se haya sancionado por el mal empleo de los recursos públicos y las recomendaciones casi nunca son atendidas. Por otro lado, ligado a esta fase de control y evaluación se encuentra otro órgano importante, me refiero a la Secretaria de la Función Pública (SFP) la cual de igual manera es cuestionable en sus funciones por ser juez y parte, ya que sus acciones pueden verse influidas por acuerdos políticos o de interés y simplemente hacerse de la vista gorda. 


El panorama presupuestal para el año en curso no es nada favorable, de entrada porque para el presupuesto de este año se estimó un precio de 79 dólares para el barril de la mezcla mexicana y el precio promedio de lo que va del año es de 45.94 dólares por barril. Aunado a esto, en enero se realizó un ajuste al presupuesto como una medida preventiva. Lo anterior puede resultar significativo o no, tomando en cuenta y según el portal de transparencia presupuestaria, que el porcentaje de ingresos estimados provenientes de organismos y empresas del Estado es de apenas 18.6 %. Sin duda no está todo perdido pues el gobierno contrató coberturas petroleras las cuales evitarán que la caída del precio del petróleo afecte los ingresos y por ende el gasto que se tenía contemplado.

Por el contrario los ingresos estimados más representativos provienen del cobro de impuestos y derechos, los cuales constituyen un 61.9 % del monto total. De acuerdo al considerable porcentaje que tienen el cobro de impuestos y con la implementación de la reforma hacendaria se puede fortalecer la recaudación, tener los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones gubernamentales y así salvar las finanzas públicas. Respecto al tema que se tocó en un inicio, recientemente se ha buscado la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque hasta el momento no se han dado grandes avances sobre este en el Congreso, es importante señalar el correcto diseño e implementación coadyuvarán a crear un escenario de confianza hacia la población, así como mecanismos de control así como de pesos y contrapesos que generen acuerdos responsables sobre la planeación, manejo y ejercicio de los recursos gubernamentales. Por último es importante señalar que para 2016 se tiene contemplada la implementación del presupuesto base cero, sin duda no es un paso sencillo pero sí importante en el control del gasto, en tanto que se deberá analizar y evaluar el gasto de cada dependencia, discriminar aquellos programas obsoletos que implican gastos innecesarios y priorizar e invertir en las necesidades básicas.


¿Cómo se da el cambio de época en el Semanario Judicial de la Federación Mexicano?

¿Cómo se da el cambio de época en el Semanario Judicial de la Federación Mexicano? El Semanario Judicial de la Federación Mexicano comenzó e...